LAS LENGUAS OFICIALES EN LA UNIÓN EUROPEA. PERSPECTIVAS TRAS EL BREXIT

Tras la salida de Reino Unido este pasado enero de 2020, la Unión Europea está formada por 27 países. Los idiomas de sus distintos Estados Miembros son las herramientas con las que el proyecto europeo se construye día a día, a través de la participación activa de sus ciudadanos, que tienen el derecho incuestionable de comunicarse con los organismos públicos y de acceder a las leyes y otras informaciones de la Unión Europea en su propio idioma. 

El 1 de julio de 2013, con la incorporación de Croacia, el número total de lenguas oficiales de la Unión Europea aumentó hasta veinticuatro: alemán, búlgaro, checo, croata, danés, eslovaco, esloveno, español, estonio, finés, francés, griego, húngaro, inglés, irlandés, italiano, letón, lituano, maltés, neerlandés, polaco, portugués, rumano y sueco. Esta nueva adhesión vino a reforzar uno de los valores más preciosos que el inmenso caudal cultural de nuestro continente aporta a las instituciones de la Unión Europea: la rica diversidad de las lenguas nacionales de los países que la integran. Además de las lenguas oficiales ya mencionadas, en algunos Estados Miembros como Italia o España, existen lenguas cooficiales dentro de estos países, aunque no están reconocidas como oficiales en la Unión Europea.

Aunque todos los idiomas mencionados tienen la categoría de lenguas oficiales, tres de ellos han sido designados a lo largo de la historia de la Unión Europea como lenguas de trabajo. Estas tres lenguas son el inglés, el alemán y el francés, que se utilizan como lenguas vehiculares en reuniones y conferencias en la Unión Europea. A pesar de ello, el inglés era lengua oficial en tan solo tres de los Estados Miembros (Reino Unido, Malta e Irlanda), pero únicamente el primero lo designó como oficial de la UE con su entrada en 1973 mientras que los otros dos estados eligieron e introdujeron el maltés y el irlandés respectivamente. Cuando se creó la Comunidad Económica Europea, el idioma vehicular era el francés, pues la capital se fijó en Bruselas y los países de su entorno son francófonos. Con la entrada en 1993 de Suecia, Finlandia y Austria, cuya segunda lengua era mayoritariamente el inglés y no el francés, el primero comenzó a imponerse. Su auge llegaría en 2004 con la entrada de diez países del este de Europa que tampoco utilizaban el francés como segunda lengua o lengua de enseñanza.

La legislación procedente del Parlamento Europeo se aplica en todo el territorio, por lo que debe estar disponible en cada una de las lenguas oficiales de la Unión Europea. Por descontado, para poder funcionar con un corpus jurídico multilingüe de tal envergadura, el Parlamento depende de sus servicios de traducción jurídica, de altísima calidad y gran nivel de especialización. Es por esto por lo que la Unión Europea cuenta con una plantilla de cerca de 4300 traductores y 800 intérpretes. Aunque parecen números altos, el coste estimado de todos los servicios lingüísticos de traducción e interpretación en todas las instituciones de la UE es de menos del 1% de su presupuesto general anual.

La Comisión Europea, por su parte, cuenta con dos departamentos lingüísticos: la Dirección General de Interpretación y la Dirección General de Traducción. La primera ofrece a las instituciones servicios de interpretación para reuniones y conferencias, así como a las delegaciones a regiones situadas fuera de la UE. La Dirección General de Traducción traduce para la Comisión Europea en las veinticuatro lenguas oficiales, así como en algunas otras. En numerosos países de la UE se han creado agencias que llevan a cabo labores técnicas, científicas o de gestión específicas, por lo que, en ocasiones, la traducción de determinados idiomas cobra una especial relevancia en ciertos campos concretos. Algunas entidades de la UE en España son la oficina de la Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO), en Alicante; la Agencia para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (OSHA), en Bilbao o la Agencia Europea de Control de la Pesca (EFCA), en Vigo. Asimismo, instituciones como el Banco Central Europeo o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuentan tanto con experimentados traductores internos como con la colaboración de traductores profesionales externos. En el caso del TJUE, el número de lenguas empleadas varía de una vista a otra, en función de las necesidades de las partes, los jueces y los Estados Miembros que intervengan, si bien el francés es la lengua que el Tribunal utiliza, por tradición, para deliberar y redactar sus resoluciones.

El 23 de junio de 2016 empezó el proceso que se ha denominado Brexit, por el cual Reino Unido se retiró de la Unión Europea en enero de 2020. La salida del Reino Unido ha provocado una gran incertidumbre respecto a las lenguas oficiales y de trabajo de la Unión Europea.

La posibilidad de que el inglés deje de ser lengua vehicular de la UE ha generado opiniones muy diversas entre los parlamentarios y los diferentes responsables de las instituciones de la Unión Europea. Danuta Hübner, Presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Eurocámara, dijo en 2017: «Si no tenemos a Reino Unido, no tendremos inglés», sembrando así la polémica. También en 2017, Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea hasta 2019, desmintió lo que creían algunos parlamentario al afirmar que el inglés seguiría siendo lengua oficial y que era improbable que Irlanda y Malta quisieran un cambio de este tipo.

Actualmente, el debate sobre qué pasará con el inglés en el seno de la Unión Europea sigue abierto. Una de las conclusiones a las que se ha llegado es que el inglés perderá mucha fuerza dentro de la institución. El francés y el alemán son las otras dos lenguas de trabajo de la UE y es lógico que los países en los que son lenguas oficiales crean que será uno de estos dos idiomas el que tomará el relevo en el caso de que se retire el inglés de las lenguas de trabajo. En el caso de Alemania no parece haber demasiado empeño en generalizar el uso del alemán, probablemente por ser irrealizable en la práctica, a pesar de que el alemán representa el porcentaje más alto de hablantes de la Unión Europea, con un 18%. Sin embargo, los países francófonos siempre han aspirado a que su idioma adquiriera más preponderancia en la Unión Europea, hasta el punto de que políticos franceses como Jacques Chirac llegaron a abandonar reuniones en las que se imponía el uso del inglés por encima del francés. Por otra parte, el Instituto Cervantes, la institución pública española que promueve la enseñanza del español, considera que podría ser un buen momento para potenciar la representación institucional de otras lenguas como el español o el portugués, aunque esto no parece posible a corto plazo.

Aún es pronto para determinar qué ocurrirá a largo plazo con el inglés en la Unión Europea. Expertos en el tema como Jane Setter, profesora de fonética de la Universidad de Reading (Reino Unido) consideran que no se producirá un impacto muy grande a corto plazo, pero que, dependiendo del impacto político y socioeconómico que esta situación pueda alcanzar, el uso del inglés se podría reducir pasado un tiempo. Por el momento, la salida de Reino Unido no supondrá la eliminación inmediata del inglés como lengua vehicular de la Unión, ya que todos los gobiernos que la componen tendrían que tomar esta decisión por unanimidad y es muy improbable que Malta e Irlanda votasen a favor.

 

 

 

 

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